El informe 2025 de la APES no describe únicamente agresiones contra periodistas. Retrata el avance de un país donde informar se ha convertido, cada vez más, en un acto de resistencia.

En El Salvador ya no basta con contar agresiones para medir el estado de la libertad de prensa.

Porque el dato más grave del informe 2025 de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) no son las 426 agresiones registradas contra periodistas. Tampoco el aumento del acoso, la intimidación o las restricciones al trabajo periodístico.

El dato más grave es otro: periodistas salvadoreños han tenido que abandonar el país para proteger su libertad y su integridad física.

Y esa sola idea debería encender todas las alarmas democráticas.

El informe deja una contradicción brutal: las agresiones bajaron respecto a años anteriores, pero no necesariamente porque existan más garantías para ejercer el periodismo, sino porque muchos periodistas ya no están dentro del país.

Es decir: disminuyó el registro porque avanzó el silencio.

El documento de la APES retrata un ecosistema cada vez más deteriorado. Radios comunitarias reduciendo personal y horas de transmisión; medios dependiendo de cooperación internacional para sobrevivir; proyectos cerrando; periodistas exiliados; y nueve de cada diez periodistas comunitarios afirmando que ejercen bajo miedo.

A eso se suma la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que según el propio informe introduce mecanismos de control financiero y administrativo capaces de volver inviable el funcionamiento de medios y organizaciones. La APES advierte que la libertad de prensa ya no se restringe únicamente mediante censura directa, sino también mediante “asfixia financiera”.

El informe incluso señala que el efecto buscado ya no necesariamente es cerrar medios, sino provocar autocensura, reducir capacidades operativas o empujar al exilio a organizaciones y periodistas.

Pero quizás lo más preocupante es la normalización.

Normalizar que periodistas reciban vigilancia.
Normalizar que medios se vayan al exilio.
Normalizar que radios comunitarias operen bajo miedo.
Normalizar que informar implique riesgos personales y económicos.

Porque cuando una sociedad comienza a acostumbrarse a eso, el problema ya no es únicamente periodístico. Es democrático.

La libertad de prensa no existe para proteger periodistas. Existe para proteger el derecho de la población a saber qué ocurre en el país.

Y cuando las voces críticas son empujadas fuera del territorio, lo que se pierde no es solamente un oficio. Se pierde fiscalización, memoria, contexto y capacidad de cuestionar el poder.

El deterioro democrático no siempre llega de golpe.

A veces avanza lentamente, mientras el miedo se vuelve cotidiano y el silencio empieza a parecer normal.

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