Comunidad denuncia intento de cerrar caso contra relleno sanitario en Tecoluca

Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en Tecoluca, denunciaron un supuesto intento de cerrar el proceso judicial contra la empresa DISPOSAL, señalada por presunta depredación ambiental relacionada con la construcción de un relleno sanitario en la zona.

Según líderes comunitarios, durante la audiencia inicial realizada este lunes 18 de mayo, la Fiscalía General de la República solicitó el sobreseimiento definitivo del caso en un proceso que, aseguran, duró apenas siete minutos y donde la comunidad no tuvo oportunidad de intervenir.

César Cañas, del Movimiento por la Defensa de la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales, calificó la audiencia como una “burla” y advirtió que el proyecto amenaza el medio ambiente, la salud y la memoria histórica de San Francisco Angulo.

“La comunidad no fue escuchada y el proyecto sigue avanzando pese a todas las denuncias”, cuestionó.

Los habitantes sostienen que el relleno sanitario continúa desarrollándose pese a medidas cautelares emitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde 2018.

Estas disposiciones recomendaban suspender la tala de árboles y los movimientos de tierra mientras no concluyeran investigaciones sobre posibles sitios de entierro de víctimas del conflicto armado.

René Alfaro, líder comunitario de San Francisco Angulo, señaló que durante la audiencia la representación de DISPOSAL afirmó contar con permisos ambientales otorgados desde 2017.

Sin embargo, aseguró que las obras actuales se realizan en una zona distinta a la evaluada originalmente.

Además, denunció posibles afectaciones a sitios de memoria histórica y afirmó que las tierras intervenidas pertenecen a habitantes de la comunidad.

Los pobladores de Tecoluca advirtieron que apelarán cualquier resolución que cierre el caso y exigieron la suspensión inmediata del proyecto.

También pidieron una inspección ambiental, un forense independiente y el respeto a las medidas cautelares emitidas por la PDDH, así como el derecho de las comunidades a participar en decisiones sobre su territorio.